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domingo, 14 de diciembre de 2014

Todavía la tortura. En EEUU, en Brasil… y en Euskadi: Javier Elzo

Ayer, 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, tuvimos conocimiento de dos documentos escalofriantes. Uno de ellos era el Informe publicado por el Senado americano sobre las torturas de la CIA, aprobados por el gobierno de Bush hijo, con el aval del Departamento de Justicia el año 2004, tras el 11.S y, más adelante, con motivo de la guerra de Irak.

El otro es un documento de más de 3.000 páginas de la Comisión de la Verdad  de Brasil entregado este miércoles a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, una expresa política que fue torturada en los años 70 por la dictadura brasileña. Todos hemos visto a la Presidente emocionada hasta las lágrimas al recibir el texto.

¿Qué puedo añadir que no haya escrito tantas veces sobre la tortura?. Trascribo aquí las páginas 187-193 de mi libro “Tras la losa de ETA…” Ed. PPC-SM 2014 referidas a la tortura, escribe Javier Elzo en su blog.

La tortura en Euskadi

La lucha contra el terrorismo puede tener, y de hecho tiene, prácticas de todo punto condenables. Me refiero a la conculcación de derechos humanos en general y a la práctica de la tortura y malos tratos en particular. Lo voy a decir con las palabras de Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, con motivo de la presentación, el 28 de mayo de 2003, del Informe del mismo año de AI. Irene Khan decía que

 
la «guerra contra el terror», lejos de hacer del mundo un lugar más seguro, lo ha hecho más peligroso, porque se ha restringido el ejercicio de los derechos humanos, socavando al tiempo el imperio del derecho internacional y blindando a los gobiernos contra todo escrutinio. Ha acentuado las divisiones entre pueblos de diferente credo y origen, sembrando las semillas que generarán más conflictos. Y la abrumadora consecuencia de todo ello es el miedo, miedo de verdad, tanto entre los acomodados como entre los pobres.

El miedo de los pobres les lleva a acciones desesperadas, al terrorismo. El miedo de los acomodados, a la violencia injusta y a la tortura. Un ejemplo paradigmático es el del conflicto palestino-israelí. Un país como Israel, que, tras diecinueve siglos de judíos errantes, se ha construido en gran parte como consecuencia del intento de exterminio de Hitler, no ha encontrado mejor solución para su seguridad que reducir a cenizas a los palestinos. Estos, con gran parte de su cúpula corrompida, solo tienen la fuerza de la inmolación sangrienta en su cuerpo y en el del mayor número de israelíes. [Por cierto, ¿hará falta que los saharianos se hagan palestinos para que la comunidad internacional se ocupe de ellos?, me permito añadir.]

Irene Khan no pensaba en Euskadi al decir esas palabras, obviamente. Pero yo estoy en Euskadi y escribo desde Euskadi. Aquí la tortura también existe. Como el terrorismo. Pero en estos párrafos me refiero a torturas. El 2 de septiembre del año 2003, con motivo de un curso de verano de la UPV en Donostia, dirigido por la Fundación Fernando Buesa, tras recordar las palabras de Irene Khan hice referencia explícita al tema de las torturas en un texto que no creo que haya sido publicado. La cuestión viene de lejos.

El 17 de febrero de 1983, el diario El País, bajo el título de «Propuesta estabilizadora contra la tortura» publicó un artículo donde, entre otras cosas, podía leerse lo siguiente:

Los abajo firmantes […] hacen la siguiente propuesta y el subsiguiente ofrecimiento a las autoridades del actual Gobierno.

- Considerando que la tortura, esto es, la sistemática violación de una persona en situación indefensa por medio de la intimidación violenta y dolorosa, se haga en nombre de los valores o de las coartadas ideológicas que fueren, es siempre una práctica abominable, no solo desde una determinada perspectiva política, sino desde la simple dignidad humana;

- considerando que hay sobrada evidencia de que en España se practica la tortura en comisarías, reformatorios y cárceles, de manera frecuente y extendida (no ignoramos que también en ciertos grupos armados terroristas se dan prácticas odiosas de violencia…);

- considerando que, a diferencia de otros problemas más complejos que se le presentan al Gobierno en el terreno económico o social, tales prácticas de tormento oficiosamente institucionalizado pueden ser abolidas por medio de la adopción de medidas relativamente sencillas e inmediatas, a saber, imponiendo determinados controles que fiscalicen lo que ocurre durante la retención de los detenidos y derogando aquellas disposiciones legales de carácter extraordinario que, según demuestra la experiencia, encubren y fomentan la tortura.

Proponemos a quien corresponda, con el debido respeto:

1) La inmediata remisión a las Cortes de un proyecto de ley que desarrolle las previsiones del artículo 17 de la Constitución y establezca: a) La derogación de las disposiciones vigentes que impiden la asistencia del abogado a todos los detenidos o presos, en cualquier momento y situación. b) La supresión de las normas excepcionales que prolongan la permanencia de los detenidos en las dependencias policiales por más tiempo de las 72 horas. c) La regulación del procedimiento de habeas corpus contra las detenciones ilegales. […]

En algunas zonas del Estado –fundamentalmente en Euskadi–, la desaparición efectiva de la tortura podría contribuir decisivamente a la pacificación de los brotes de violencia organizada. Por tanto, si en un plazo –digamos– de setenta días tras la publicación de este escrito, se cumple de manera rigurosa y exhaustivamente comprobada lo en él expuesto, los abajo firmantes nos comprometemos a publicar un escrito laudatorio de reconocimiento al Gobierno socialista por la extinción de esta lacra, en el que se admitirá –sin reticencias y contra los reticentes– que algo muy importante ha cambiado por fin en España, y que tal cambio no ha sido moderado, impopular, demagógico u oportunista, sino auténtico fruto de una innegable política progresista. Esperamos muy sincera y cordialmente que se nos brinde la ocasión de cumplir esta oferta. [Junto con José Luis L. Aranguren y Carlos Castilla del Pino suscriben también este texto Gonzalo Martínez-Fresneda, José María Mohedano, Marc Palmés, José Ramón Recalde, Rafael Sánchez Ferlosio y Fernando Savater.]

El día 6 de mayo del mismo año 1983, el diario El País publicaba otro artículo, firmado por las mismas personas, bajo el titulo «70 días y 70 veces», donde, entre otras cosas, se podía leer lo siguiente:

"Al cumplirse el plazo de 70 días que nos fijamos para volver a examinar críticamente la política del Gobierno en el tema de la tortura, nuestra impresión no puede estar cerca de la satisfacción. Las medidas que propusimos, coincidentes en lo básico con el repertorio exigido comúnmente para afrontar este problema, solo en pequeña parte han sido contempladas por los poderes públicos […].

Hay más datos que hacen perceptible la preocupación existente entre los nuevos responsables de la Administración por este problema, a pesar de la imagen contradictoria que proyecta el ministro de la policía. Pero lo cierto es no solo que las denuncias de torturas se han seguido produciendo con la intermitencia de siempre, sino que en los sectores más cercanos a la cuestión perdura la convicción desalentadora de que el problema conserva intactas sus raíces en algunos núcleos de los cuerpos de seguridad del Estado.

Parece más claro que nunca que los actuales gobernantes están personalmente en contra de la tortura, en cualquiera de sus formas. Pero, a pesar de ello, se sigue echando en falta una política decidida para combatir todas las manifestaciones de este mal, sin excepción, sin paliativos y sin justificaciones más o menos explícitas. Que esta falta se explique por la resistencia a reconocer públicamente el alcance del problema o por secretas estrategias políticas que algún día culminarán, es algo que no podemos aún juzgar. Mientras tanto, en cada ocasión, tendremos que recordar que existe la tortura en centros dependientes del Estado, aunque tengamos que volver sobre lo mismo y repetirlo 70 veces, ya que esta es una cuestión con la que no se puede convivir y que debe estar a salvo de la morosidad administrativa."

Hasta aquí el resumen de los dos escritos publicado en el diario El País el año 1983.

Desde entonces, las denuncias de detenidos de haber sido objeto de malos tratos en dependencias policiales, particularmente de la Guardia Civil, aunque también de la Policía Nacional y, en notoria menor medida, de la Ertzaintza, no pueden liquidarse diciendo que responden a «consignas de la organización», por muy ciertas que sean esas consignas. Hay demasiados testimonios, algunos acreditados también por Amnistía Internacional, cuando no con sentencias firmes condenatorias, que impiden obviarlas, a poca conciencia ética y humana a la que se pretenda.

En el curso de la Fundación Fernando Buesa arriba referenciado me hice eco del Informe 2002, «Tortura en Euskal Herria», editado por Torturaren Aurkako Taldea, libro de insoportable, aunque imprescindible, lectura, pero añadí que no hay sin embargo en ese texto la más mínima mención a las torturas que ETA ha infligido y sigue infligiendo a tantos y tantos ciudadanos vascos. El Informe 2003 de TAT, que acababa de salir cuando pronuncié aquella conferencia, seguía en la misma línea. Además, cuando se refieren a un supuesto «manual de ETA» sobre conductas a seguir en caso de ser apresados por la policía, del que presentan algunos documentos, añaden que «es nuestra posición la de la duda más que razonable sobre la autoría de los mismos» (pp. 232 y 233).

Realicé dos comentarios en aquella conferencia. Que esos manuales sean o no de ETA es mucho menos importante que saber, reconocer y escribir que ETA, además de haber asesinado a más de ochocientas personas, ha torturado físicamente y sigue haciéndolo hoy en día psicológica y moralmente. Y los firmantes de TAT no dicen nada, absolutamente nada, de esas torturas en un libro que lleva por título Tortura en Euskal Herria. En segundo lugar, que la tortura contra los miembros de ETA, simpatizantes o presuntos simpatizantes del MLNV, es un hecho que, por parte de un Estado de derecho, me parece aún más grave que las torturas de ETA y el silencio de sus simpatizantes.

Terminaba mi intervención sobre este punto escribiendo que al recordar estos textos y estos hechos me permitía pedir a nuestros gobiernos, como simple ciudadano, que acaben con la tortura. Ya saben lo que hay que hacer: reducción de la incomunicación, interrogatorios filmados, reconocimientos médicos realizados conjuntamente por un perito médico y un médico de la confianza de los detenidos, protección jurídica efectiva desde el primer momento, asistencia de un letrado independiente y un corto etcétera que puede leerse en documentos, por ejemplo, de Amnistía Internacional, Gesto por la Paz, Elkarri... Aplíquenlos. De una vez por todas. Sin dilaciones. Por dignidad.

Por otra parte, es obvio, pero me parece preciso anotarlo, que un policía en el ejercicio de su labor represora, por ejemplo deteniendo a un comando de ETA, con consecuencia de la muerte de un etarra, no es un agresor, no es en absoluto un victimario, como a veces pretende el mundo etarra. Estamos ante un policía que cumple con su deber, muchas veces arriesgando su vida. Otra cosa es que le aplique malos tratos o que torture al detenido en comisaría, haya o no consecuencia de muerte. Aquí se convierte en victimario, con la gravedad añadida de que es un funcionario de un Estado de derecho.

Para no alargarme con este tema de la tortura, al lector interesado en disponer de informaciones en profundidad sobre el mismo, me permito remitir al trabajo del médico forense del Instituto Vasco de Medicina Legal y diplomado en criminología Benito Morentín, y de Jon M. Landa, profesor titular de derecho penal en la Universidad del País Vasco UPV-EHU y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno vasco, titulado La tortura en relación a la aplicación de la normativa antiterrorista: una aproximación estadística multifactorial[1]. El propio Jon Mirena Landa, siendo director de Derechos Humanos, ya publicó el año 2008 un Informe sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos de la violencia de motivación política[2]. La lectura de los textos dentro de su frialdad estadístico-jurídica es estremecedora. El Estado español debe dar cuentas y pedir perdón por haber permitido tantos años tales prácticas denigratorias de un Estado de derecho. Y los policías involucrados, justamente sancionados, sin olvidar a los jueces y fiscales que miraron para otro lado.




[1] Publicado en la revista del Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, Eguzkilore 25 (diciembre 2011), pp. 49-73. También de J. M. Landa Gorostiza puede consultarse su texto «La tortura en relación con la banda terrorista ETA: estado de la jurisprudencia penal», en Jueces para la Democracia. Información y Debate 73 (marzo 2012), pp. 81-104.
 
 
 
 
[2] Editado por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco. Vitoria Gasteiz, 2008.
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