Sebastián García Trujillo
Bienvenidas sean las comisiones de investigación de la pederastia que sirvan, en lo posible, a la reparación de las víctimas y de freno a la repetición de nuevos casos, siquiera por vergüenza a la denuncia pública y a sus consecuencias jurídicas y económicas.
Pero sería conveniente que en este tema tan delicado por las múltiples implicaciones de distinta índole que comporta, procedamos no como si introdujéramos un elefante en una cristalería, que es lo que, en mi opinión, está sucediendo en no pocos casos.
En primer lugar, las comisiones de investigación de la pederastia, y más si se promueven desde organismos políticos, no deben de ser discriminatorias: El Congreso da el primer paso para investigar los abusos sexuales en la Iglesia proclama gozosa la prensa estatal. Bien está que se investiguen los abusos sexuales, pero ¿por qué sólo los de la Iglesia? ¿Quién es el Parlamento español para discriminar entre los colectivos de pederastas? Referidas sólo a un solo colectivo implicado, sea o no la Iglesia, me parece una propuesta manifiestamente injusta, por parcial.
Pese a la inmensa gravedad de que miembros de la iglesia hayan cometido el delito de la pederastia no es en el entorno de ésta donde se producen los casos de pederastia más numerosos. Según un informe de la ONG mundial Save the Children, entre 2019 y 2020, en España los espacios en los que más abusos de pederastia se cometieron son el entorno familiar (49,5%); fuera del entorno familiar con el 34,5% de los casos, destacan las amistades o compañeros de la víctima (9,7%), los conocidos de la familia (8,6%) y los educadores (6%).
No traigo estas cifras para descargar la responsabilidad de la iglesia –un solo caso es gravísimo–, sino para señalar que lo equitativo sería que las comisiones de investigación de naturaleza pública se aplicaran a todos los grupos donde se producen los casos de pederastia.
En segundo lugar, se ha acusado a la iglesia, con razón, de no haber actuado con suficiente contundencia en ciertos casos de pederastia. Pero el caso es que el principal fin de la justicia (y de las comisiones de investigación), además de la reparación y sanación de las víctimas, debe incluir, además del castigo, la sanación de los victimarios, lo que requiere terapias más aquilatadas que algunas de las que se vienen azuzando. Hay veces en las que parece se quisiera volver a los tiempos del capirote y el sambenito públicos medievales para que el pueblo se ensañe hasta la lapidación real o psicológica de los victimarios. Pero con la simple condena y el castigo se consigue más bien poco. La sanación de las víctimas y de los victimarios de la pederastia o abarca a ambos o será una solución parcial que no hará desaparecer ni sanar las heridas.
En tercer lugar, se reclama, con toda razón, que en comisiones de investigación de la pederastia se proceda con transparencia... que, en mi opinión, habría que combinar con ciertas dosis de pudor. Algunas comunicaciones de los casos de pederastia me parecen manifiestamente escabrosas, sin que la información que facilitan ayude poco o nada. ¿Qué aporta una descripción minuciosa de actos que sucedieron hace cincuenta o más años si, como sucede a menudo, el victimario está fallecido? Y en vaso de que aún vivan, ¿se trata de reparar y sanar o de aplastar a los victimarios, aunque se muestren arrepentidos, y, de paso, de culpar de modo general a la Iglesia?
También se ha acusado a la iglesia de no haber hecho nada ante la situación de la pederastia de algunos de sus miembros. Esto no es verdad. Es cierto que no ha hecho lo suficiente y lo ha hecho tarde, pero, para cuando otras instituciones y los organismos públicos se han propuesto investigar sistemáticamente los casos de pederastia (recientemente la fiscalía o el parlamento, por ejemplo), en la iglesia ya estaban funcionando comisiones de investigación de la pederastia y de atención a sus víctimas. Juez y parte, me dirán, pero ya quisiera yo que políticos, muchos de ellos sin formación especializada, tuvieran la independencia de criterio, la calidad moral, la competencia técnica y la voluntad de información de los miembros de la Comisión de investigación de los casos de pederastia que, por ejemplo, ha organizado la Diócesis de Bilbao, en la que forman parte por un sacerdote-abogado y cuatro laicos, de los que tres son mujeres, especialistas en este tipo de temas.
Por tanto, bienvenidas las comisiones de investigación de la pederastia: ¿Cuántas? ¿Con quiénes? ¿Meramente punitivas o también sanadoras? En todo caso que sean realmente independientes y eviten ser discriminatorias. En este sentido, ¿es oportuno que la Comisión que promueve el Gobierno sea presidida por un distinguido militante y alto puesto público del partido gubernamental?
* Colaborador laico en el Instituto de Pastoral y Teología de la Diócesis de Bilbao
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