Ayer, 10 de diciembre,
día de los Derechos Humanos, tuvimos conocimiento de dos documentos
escalofriantes. Uno de ellos era el Informe publicado por el Senado americano
sobre las torturas de la CIA,
aprobados por el gobierno de Bush hijo, con el aval del Departamento de
Justicia el año 2004, tras el 11.S y, más adelante, con motivo de la guerra de
Irak.
El otro es un documento
de más de 3.000 páginas de la
Comisión de la
Verdad de Brasil entregado
este miércoles a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, una expresa política
que fue torturada en los años 70 por la dictadura brasileña. Todos hemos visto
a la Presidente
emocionada hasta las lágrimas al recibir el texto.
¿Qué puedo añadir
que no haya escrito tantas veces sobre la tortura?. Trascribo aquí las páginas
187-193 de mi libro “Tras la losa de ETA…” Ed. PPC-SM 2014 referidas a la
tortura, escribe Javier Elzo en su blog.
La tortura en Euskadi
La lucha contra el terrorismo puede tener,
y de hecho tiene, prácticas de todo punto condenables. Me refiero a la
conculcación de derechos humanos en general y a la práctica de la tortura y
malos tratos en particular. Lo voy a decir con las palabras de Irene Khan,
secretaria general de Amnistía Internacional, con motivo de la presentación, el
28 de mayo de 2003, del Informe del mismo año de AI. Irene Khan decía que
la «guerra contra
el terror», lejos de hacer del mundo un lugar más seguro, lo ha hecho más
peligroso, porque se ha restringido el ejercicio de los derechos humanos,
socavando al tiempo el imperio del derecho internacional y blindando a los
gobiernos contra todo escrutinio. Ha acentuado las divisiones entre pueblos de
diferente credo y origen, sembrando las semillas que generarán más conflictos.
Y la abrumadora consecuencia de todo ello es el miedo, miedo de verdad, tanto
entre los acomodados como entre los pobres.
El
miedo de los pobres les lleva a acciones desesperadas, al terrorismo. El miedo
de los acomodados, a la violencia injusta y a la tortura. Un ejemplo
paradigmático es el del conflicto palestino-israelí. Un país como Israel, que,
tras diecinueve siglos de judíos errantes, se ha construido en gran parte como
consecuencia del intento de exterminio de Hitler, no ha encontrado mejor
solución para su seguridad que reducir a cenizas a los palestinos. Estos, con
gran parte de su cúpula corrompida, solo tienen la fuerza de la inmolación
sangrienta en su cuerpo y en el del mayor número de israelíes. [Por cierto,
¿hará falta que los saharianos se hagan palestinos para que la comunidad
internacional se ocupe de ellos?, me permito añadir.]
Irene Khan no
pensaba en Euskadi al decir esas palabras, obviamente. Pero yo estoy en Euskadi
y escribo desde Euskadi. Aquí la tortura también existe. Como el terrorismo.
Pero en estos párrafos me refiero a torturas. El 2 de septiembre del año 2003,
con motivo de un curso de verano de la
UPV en Donostia, dirigido por la Fundación Fernando
Buesa, tras recordar las palabras de Irene Khan hice referencia explícita al
tema de las torturas en un texto que no creo que haya sido publicado. La
cuestión viene de lejos.
El 17 de
febrero de 1983, el diario El País,
bajo el título de «Propuesta
estabilizadora contra la tortura» publicó un artículo donde, entre otras
cosas, podía leerse lo siguiente:
Los
abajo firmantes […] hacen la siguiente propuesta y el subsiguiente ofrecimiento
a las autoridades del actual Gobierno.
-
Considerando que la tortura, esto es, la sistemática violación de una persona
en situación indefensa por medio de la intimidación violenta y dolorosa, se
haga en nombre de los valores o de las coartadas ideológicas que fueren, es
siempre una práctica abominable, no solo desde una determinada perspectiva
política, sino desde la simple dignidad humana;
-
considerando que hay sobrada evidencia de que en España se practica la tortura
en comisarías, reformatorios y cárceles, de manera frecuente y extendida (no
ignoramos que también en ciertos grupos armados terroristas se dan prácticas
odiosas de violencia…);
-
considerando que, a diferencia de otros problemas más complejos que se le
presentan al Gobierno en el terreno económico o social, tales prácticas de
tormento oficiosamente institucionalizado pueden ser abolidas por medio de la
adopción de medidas relativamente sencillas e inmediatas, a saber, imponiendo
determinados controles que fiscalicen lo que ocurre durante la retención de los
detenidos y derogando aquellas disposiciones legales de carácter extraordinario
que, según demuestra la experiencia, encubren y fomentan la tortura.
Proponemos
a quien corresponda, con el debido respeto:
1)
La inmediata remisión a las Cortes de un proyecto de ley que desarrolle las
previsiones del artículo 17 de la Constitución y establezca: a) La derogación de las disposiciones vigentes que impiden la
asistencia del abogado a todos los detenidos o presos, en cualquier momento y
situación. b) La
supresión de las normas excepcionales que prolongan la permanencia de los
detenidos en las dependencias policiales por más tiempo de las 72 horas. c) La regulación del procedimiento de
habeas corpus contra las detenciones ilegales. […]
En
algunas zonas del Estado –fundamentalmente en Euskadi–, la desaparición
efectiva de la tortura podría contribuir decisivamente a la pacificación de los
brotes de violencia organizada. Por tanto, si en un plazo –digamos– de setenta
días tras la publicación de este escrito, se cumple de manera rigurosa y
exhaustivamente comprobada lo en él expuesto, los abajo firmantes nos
comprometemos a publicar un escrito laudatorio de reconocimiento al Gobierno
socialista por la extinción de esta lacra, en el que se admitirá –sin
reticencias y contra los reticentes– que algo muy importante ha cambiado por
fin en España, y que tal cambio no ha sido moderado, impopular, demagógico u
oportunista, sino auténtico fruto de una innegable política progresista.
Esperamos muy sincera y cordialmente que se nos brinde la ocasión de cumplir
esta oferta. [Junto con José Luis L. Aranguren y Carlos Castilla del
Pino suscriben también este texto Gonzalo Martínez-Fresneda, José María
Mohedano, Marc Palmés, José Ramón Recalde, Rafael Sánchez Ferlosio y Fernando
Savater.]
El día 6 de mayo del mismo año 1983, el diario El País publicaba otro artículo, firmado por las mismas personas,
bajo el titulo «70 días y 70 veces», donde, entre otras cosas, se podía leer lo
siguiente:
"Al
cumplirse el plazo de 70 días que nos fijamos para volver a examinar
críticamente la política del Gobierno en el tema de la tortura, nuestra
impresión no puede estar cerca de la satisfacción. Las medidas que propusimos,
coincidentes en lo básico con el repertorio exigido comúnmente para afrontar
este problema, solo en pequeña parte han sido contempladas por los poderes
públicos […].
Hay más
datos que hacen perceptible la preocupación existente entre los nuevos responsables
de la Administración
por este problema, a pesar de la imagen contradictoria que proyecta el ministro
de la policía. Pero lo cierto es no solo que las denuncias de torturas se han
seguido produciendo con la intermitencia de siempre, sino que en los sectores
más cercanos a la cuestión perdura la convicción desalentadora de que el
problema conserva intactas sus raíces en algunos núcleos de los cuerpos de
seguridad del Estado.
Parece más
claro que nunca que los actuales gobernantes están personalmente en contra de
la tortura, en cualquiera de sus formas. Pero, a pesar de ello, se sigue
echando en falta una política decidida para combatir todas las
manifestaciones de este mal, sin excepción, sin paliativos y sin
justificaciones más o menos explícitas. Que esta falta se explique por la
resistencia a reconocer públicamente el alcance del problema o por secretas
estrategias políticas que algún día culminarán, es algo que no podemos aún
juzgar. Mientras tanto, en cada ocasión, tendremos que recordar que existe la
tortura en centros dependientes del Estado, aunque tengamos que volver sobre lo
mismo y repetirlo 70 veces, ya que esta es una cuestión con la que no se puede
convivir y que debe estar a salvo de la morosidad administrativa."
Hasta aquí el resumen de los dos escritos publicado en el diario El País el año 1983.
Desde entonces, las denuncias de detenidos de haber sido objeto de malos tratos en dependencias policiales, particularmente de la Guardia Civil, aunque también de la Policía Nacional y, en notoria menor medida, de la Ertzaintza, no pueden liquidarse diciendo que responden a «consignas de la organización», por muy ciertas que sean esas consignas. Hay demasiados testimonios, algunos acreditados también por Amnistía Internacional, cuando no con sentencias firmes condenatorias, que impiden obviarlas, a poca conciencia ética y humana a la que se pretenda.
En el curso de la Fundación Fernando
Buesa arriba referenciado me hice eco del Informe 2002, «Tortura en Euskal
Herria», editado por Torturaren Aurkako Taldea, libro de insoportable, aunque
imprescindible, lectura, pero añadí que no hay sin embargo en ese texto la más
mínima mención a las torturas que ETA ha infligido y sigue infligiendo a tantos
y tantos ciudadanos vascos. El Informe 2003 de TAT, que acababa de salir cuando
pronuncié aquella conferencia, seguía en la misma línea. Además, cuando se
refieren a un supuesto «manual de ETA» sobre conductas a seguir en caso de ser
apresados por la policía, del que presentan algunos documentos, añaden que «es
nuestra posición la de la duda más que razonable sobre la autoría de los
mismos» (pp. 232 y 233).
Realicé dos
comentarios en aquella conferencia. Que esos manuales sean o no de ETA es mucho
menos importante que saber, reconocer y escribir que ETA, además de haber
asesinado a más de ochocientas personas, ha torturado físicamente y sigue
haciéndolo hoy en día psicológica y moralmente. Y los firmantes de TAT no dicen
nada, absolutamente nada, de esas torturas en un libro que lleva por título Tortura en Euskal Herria. En segundo
lugar, que la tortura contra los miembros de ETA, simpatizantes o presuntos
simpatizantes del MLNV, es un hecho que, por parte de un Estado de derecho, me
parece aún más grave que las torturas de ETA y el silencio de sus simpatizantes.
Terminaba mi
intervención sobre este punto escribiendo que al recordar estos textos y estos
hechos me permitía pedir a nuestros gobiernos, como simple ciudadano, que
acaben con la tortura. Ya saben lo que hay que hacer: reducción de la
incomunicación, interrogatorios filmados, reconocimientos médicos realizados
conjuntamente por un perito médico y un médico de la confianza de los
detenidos, protección jurídica efectiva desde el primer momento, asistencia de
un letrado independiente y un corto etcétera que puede leerse en documentos,
por ejemplo, de Amnistía Internacional, Gesto por la Paz, Elkarri... Aplíquenlos.
De una vez por todas. Sin dilaciones. Por dignidad.
Por otra parte, es obvio, pero me parece
preciso anotarlo, que un policía en el ejercicio de su labor represora, por
ejemplo deteniendo a un comando de ETA, con consecuencia de la muerte de un
etarra, no es un agresor, no es en absoluto un victimario, como a veces
pretende el mundo etarra. Estamos ante un policía que cumple con su deber, muchas
veces arriesgando su vida. Otra cosa es que le aplique malos tratos o que torture
al detenido en comisaría, haya o no consecuencia de muerte. Aquí se convierte
en victimario, con la gravedad añadida de que es un funcionario de un Estado de
derecho.
Para no alargarme con este tema de la
tortura, al lector interesado en disponer de informaciones en profundidad sobre
el mismo, me permito remitir al trabajo del médico forense del Instituto Vasco
de Medicina Legal y diplomado en criminología Benito Morentín, y de Jon M.
Landa, profesor titular de derecho penal en la Universidad del País
Vasco UPV-EHU y exdirector de Derechos Humanos del Gobierno vasco, titulado La
tortura en relación a la aplicación de la normativa antiterrorista: una
aproximación estadística multifactorial[1]. El propio Jon Mirena
Landa, siendo director de Derechos Humanos, ya publicó el año 2008 un Informe
sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos de la violencia de
motivación política[2].
La lectura de los textos dentro de su frialdad estadístico-jurídica es
estremecedora. El Estado español debe dar cuentas y pedir perdón por haber
permitido tantos años tales prácticas denigratorias de un Estado de derecho. Y
los policías involucrados, justamente sancionados, sin olvidar a los jueces y
fiscales que miraron para otro lado.
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[2]
Editado por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno
vasco. Vitoria Gasteiz, 2008.
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